El Ministerio Público de Perú abrió este martes una investigación preliminar contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» por las muertes ocurridas durante las protestas de las últimas semanas.
La indagación también afecta al primer ministro, Alberto Otárola, así como a los ministros de Interior y Defensa, Víctor Rojas y Jorge Chávez, respectivamente.
La noticia se conoce un día después de que fallecieran 18 personas en una jornada de protestas en el sur del país.
Perú ha vivido una ola de manifestaciones desde que el pasado 7 de diciembre el Congreso decidiera destituir al entonces presidente Pedro Castillo, luego de que este anunciara en televisión que disolvería el Parlamento e instauraría un gobierno de emergencia que gobernaría por decreto.
La decisión de Castillo fue rechazada por la mayoría de las fuerzas políticas, incluyendo miembros de su propio gobierno. El mandatario fue detenido poco después y en la actualidad se encuentra en prisión bajo una orden preventiva por 18 meses mientras enfrenta un proceso por el delito de rebelión.
Desde entonces, Perú ha estado sacudido por fuertes protestas -que tuvieron una breve tregua durante los días festivos de diciembre- protagonizadas por los seguidores de Castillo, que exigen su liberación, el cierre del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones y la renuncia de Boluarte, así como algunos cambios a la Constitución.
Violencia y represión
Las manifestaciones callejeras han derivadoen fuertes choques con las fuerzas del orden público que han dejado hasta este martes un saldo de 39 fallecidos.
El día más violento -por número de víctimas- fue este lunes, cuando en las protestas en el departamento de Puno perdieron la vida 18 personas y resultaron heridos 68 civiles y 75 policías.
En respuesta a esta situación, el gobierno decretó un toque de queda por tres días en esa región del país.
El lunes por la noche, el primer ministro, Alberto Otárola, lamentó las muertes ocurridas en Puno, pero resaltó que unos 2.000 manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, para lo cual atacaron a la policía y a las Fuerzas Armadas.
«Fue un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de actividades violentas contra instituciones de Puno», señaló.
Este martes, en un discurso ante el Congreso, el alto funcionario dijo que el gobierno no se opone a las protestas, pero indicó que el Estado tiene la obligación de salvaguardar el orden público.
Horas más tarde, Otárola logró superar un voto de confianza en el Congreso con 73 votos a favor y 43 en contra, lo que reduce la presión política sobre Boluarte pues si la moción hubiera sido rechazada habría tenido que armar un nuevo gabinete.
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