Ximena Chong, fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, citó a declarar en calidad de imputados a varias autoridades del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, además del mismo exmandatario.
A raíz de una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad perpetrados durante las protestas del estallido social de 2019, la persecutora interrogó este viernes al exministro del Interior, Andrés Chadwick.
Sin embargo, aún restan entrevistas con Gonzalo Blumel, exministro del Interior, que se hará el próximo 5 abril, y las de Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, ambos exsubsecretarios del Interior.
La calidad de acusados de los involucrados se debe a la querella por delitos de lesa humanidad presentada por el entonces senador Alejandro Navarro y otras organizaciones de derechos humanos, por lo que podrán recurrir a la citación junto a sus abogados.
Asimismo, podrán hacer uso de su derecho a guardar silencio, tal como lo hizo el general director de Carabineros Ricardo Yáñez este lunes, cuando Chong llegó hasta Dirección General de la institución por una indagatoria sobre posible omisión de apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social.
El representante de Piñera, Samuel Donoso, señaló a La Tercera que «tenemos la tranquilidad y convicción de que en el actuar del expresidente siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos de todos. En consecuencia, no se configura delito alguno».
«Por el contrario, los hechos demuestran que su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas, procurando en todo momento el resguardo de los derechos humanos, en los difíciles momentos que vivió el país», afirmó.
En tanto, el abogado de Blumel, Eduardo Riquelme, sostuvo que «hemos sido citados a declarar por causas originadas en las querellas presentadas por dirigentes cercanos o afines al PC, y puedo decir que, como siempre, declarará y prestará toda la colaboración en la investigación, tal como hizo ante la fiscal Claudia Perivancich en el año 2020″.
El caso que investiga la fiscal Chong por presuntos delitos de lesa humanidad nace a raíz de 20 querellas presentadas por organizaciones de DD.HH a raíz de las lesiones que afectaban a manifestantes y transeúntes durante las protestas desarrolladas entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
Sin embargo, en marzo de 2021 la persecutora ya advertía ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago que probar esos delitos no era sencillo, pues era imprescindible acreditar una coordinación sistemática de algún ente estatal.
«Para estar frente a delitos de lesa humanidad debe concurrir (…) el contexto de lesa humanidad, y ese contexto supone la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y lo más relevante acá es que indica los elementos para entender que este ataque generalizado o sistemático a la población civil responda a una política de Estado o de sus agentes», dijo en ese entonces.
Según datos del Ministerio Público, más de 400 personas resultaron con lesiones oculares en el marco de las manifestaciones. En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabilizó anteriormente 8 fallecidos por acción estatal.
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