El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se reunió con el cabo que mató a un conductor durante un procedimiento policial ocurrido el pasado sábado en el sector de Llolleo, en la comuna de San Antonio.
El uniformado abatió a tiros con una subametralladora Uzi a un joven identificado como David Toro, el cual según, la versión policial, no se detuvo ante una fiscalización y atropelló a otro efectivo para intentar darse a la fuga.
Según informó la institución uniformada, Yáñez «reiteró, personalmente, su apoyo, el de la Institución y el respaldo jurídico. Gestos que el Cabo agradeció y expresó sentir el apoyo de la Institución ante los hechos acontecidos en el procedimiento policial».
El funcionario atropellado fue visitado ayer por el general director. «Se encuentra bien, está hospitalizado, tiene que ser sometido a una resonancia magnética para poder establecer si tiene alguna lesión de otro carácter, pero está sin riesgo vital, está con su señora en Santiago, yo lo visité», informó entonces el timonel de la policía uniformada.
Cabe señalar que la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló sobre el caso que «si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra«. Además, expresó que siempre «se tiene que establecer el disparo qué objetivo tuvo, si es evitar una lesión o muerte de una persona o una huida».
Consultado al respecto esta mañana, Yáñez respondió: «Yo no me puedo referir respecto a las declaraciones que hace una autoridad y sobre todo, de la cual yo dependo», indicó Yáñez en referencia a la duda que planteó la ministra Tohá sobre la aplicación de la ley Nain-Retamal en el caso de Llolleo.
«Lo que sí yo puedo señalar es que yo conversé personalmente con el funcionario, y los antecedentes que yo manejo, por parte de la investigación que se ha llevado a cabo en San Antonio, es que tiene todo mi respaldo, no solamente institucional, sino que también todo el apoyo jurídico», enfatizo.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que es «altamente probable» que el funcionario involucrado podría beneficiarse de la Ley Naín-Retamal, la que contempla la presunción de la legítima defensa en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.
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