Fiscalía ya inició “caza” de involucrados en el “Hermosillagate”: Inmediato allanamiento

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Según reportes de prensa, y tras la orden de investigar emanada desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, la policía por orden judicial allanó la residencia del empresario Daniel Sauer, desde donde se llevaron computadores, documentos y dos armas.

Así, según reporte de BíoBío, durante horas de esta tarde, Carabineros del OS7 allanó la casa del empresario Daniel Sauer, uno de los involucrados en el audio que fue dado a conocer por Ciper, y que da cuenta de posibles pagos de coimas y uso de influencias para justamente “salvar” al controlador del factoring “Factop” y de la corredora de bolsas SFT.


Según publicó Emol, y tras la orden de investigar emanada desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, los funcionarios uniformados llegaron hasta la calle San Damián en Las Condes, desde donde se llevaron computadores, documentos y dos armas.


Aseguraron que todo lo recopilado se cataloga como “evidencia de interés investigativo” y que fue autorizado por el 4to Juzgado de Garantía.


POSIBLES SOBORNOS A FUNCIONARIOS DEL SII Y CMF


En las últimas horas se revelaron audios en donde el abogado Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII) para intentar “salvar” a su cliente, el empresario Daniel Sauer Adlerstein.


Él, junto a su hermano Ariel, son dueños y directores de STF Capital Corredores de Bolsa y del factoring Factop CBP. Ambas firmas han sido sancionadas y multadas por la CMF por operaciones irregulares.
De hecho, en junio pasado, la CMF sancionó a la corredora de bolsa y sus máximos directivos: los hermanos Sauer Adlerstein y Luis Flores Cuevas (según los registros, también es dueño y exgerente general).


¿La razón? proporcionaron “información falsa” al mercado y al público; incluso a la misma CMF.


“MANIOBRA SINIESTRA”


En la presente jornada, el conocido abogado Luis Hermosilla acusó una “maniobra siniestra”, desmintiendo haber pagado coimas a funcionarios públicos.


Acusó haber sido víctima de un delito por la grabación de una conversación privada (la que fue difundida por Ciper).

“Además de los aspectos obvios y evidentes, están en juego el estado de derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas”, señaló.


Pero también, descartó que el audio tenga alguna validez como prueba en la persecución penal, luego que la Fiscalía anunciara el inicio de una indagatoria.

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