Permisología: La economía que el Estado No debería promover

POR: Alejandra Parra Muñoz, Master en Planificación de la Universidad de Otago, Bióloga en Gestión de Recursos Naturales. Co-fundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, Coordinadora de la Alianza Basura Cero Chile, Asesora en Plásticos y Basura Cero para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración GAIA.  

Chile agotó esta semana los recursos naturales que se renuevan y ya está gastando los que deberían quedar para las futuras generaciones. A esto se suma un contexto de triple crisis planetaria: del clima, de biodiversidad y de contaminación.  Estas crisis y el agotamiento de los recursos naturales renovables, no se deben al aumento de la población. Se deben al aumento de los negocios que no buscan beneficios sociales ni ambientales sino que solo beneficios económicos para sus propietarios. 

Las economías que deberíamos promover y la calidad de nuestros grandes empresarios lamentablemente se encuentran muy distanciadas. En un contexto de triple crisis planetaria, ya sabemos que seguir haciendo negocios a costa de la salud del planeta y las personas es hipotecar las posibilidades de que las futuras generaciones tengan una vida medianamente decente. El enriquecimiento de algunos a costa del sufrimiento de otros (las futuras generaciones de los ricos y las actuales generaciones de quienes viven donde se contamina directamente), genera cada vez más polarización lo que trae consigo menos paz social, más desprecio por el otro que está del otro lado. Eso no es bueno para nadie. 

Por eso, deberíamos estar promoviendo negocios que no dañen el ambiente, que generen múltiples beneficios: ambientales, sociales, económicos, que distribuyan mejor tanto los beneficios como los posibles perjuicios que puedan ocurrir, siempre intentando reducirlos al mínimo. Estos negocios son por ejemplo los que se generan con la implementación de la estrategia Basura Cero: servicios de compostaje, de educación ambiental, sistemas de retorno y rellenado de envases que son más intensivos en uso de empleos y menos en consumo de energía y generación de residuos, servicios de reparación, de recolección diferenciada de residuos, de selección manual y acondicionamiento de materiales para el reciclaje. Economías más locales o regionales, pensadas en lo que hay que hacer para reparar el territorio a la vez que se sostiene económicamente los negocios y toda la población: producción y distribución local de alimentos, producción de artículos de uso doméstico, producción de arte y cultura, de sistemas de cuidado, etc.

Lamentablemente para el desarrollo de ese tipo de economías se necesitan empresarios que también busquen ese objetivo, y de esos hay muy pocos todavía en Chile. La mayoría, y lamentablemente los más influyentes en el gobierno, quieren que los negocios se desarrollen a destajo, prácticamente que el que llega primero, se instala como quiere a hacer lo que quiera. Por eso exigen la aprobación de la Ley de Permisos Sectoriales (impulsada por el Ministro de Economía a pedido de las grandes empresas).

Si se aprueba, permitirá por ejemplo, que alguien que quiere instalar un vertedero para menos de 5.000 personas, lo pueda hacer simplemente a través de una declaración jurada. ¿Por qué? Porque un vertedero para menos de 5.000 personas no entra a evaluación ambiental y solo requiere permisos sectoriales, por ejemplo de la SEREMI de Salud. Actualmente si la SEREMI de salud recibiera un proyecto para instalar un vertedero para 5.000 personas, lo rechazaría, porque lo aceptable hoy son los estándares de un relleno sanitario. Pero con la nueva ley de Permisos Sectoriales, el dueño del proyecto podría hacer dos cosas: 1, esperar a ver si la SEREMI alcanza a contestar dentro del plazo, y si no alcanza, pedir el permiso por silencio administrativo. El proyecto de ley también contempla acortar los plazos legales para que los servicios públicos contesten. Lo segundo que podría hacer ese empresario, es simplemente firmar una declaración jurada diciendo que cumplirá con todo lo legalmente establecido. Lo mismo podrá hacer con todos los servicios de los que necesite permiso. 

La reforma al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente) simplemente amplia los umbrales para el ingreso de más de diez tipos de proyectos en 10, 20 veces y más, para el ingreso a evaluación ambiental y exime de evaluación las modificaciones de proyectos ya aprobados. Por ejemplo, el dueño de un relleno sanitario aprobado quiere ampliarlo al doble. Si se aprueba la reforma al reglamento como está, eso no ingresará a evaluación ambiental, solo requerirá permisos sectoriales, como de la SEREMI de Salud. 

Todas las denuncias por contaminación, mal funcionamiento, o flagrante incumplimiento de normas ambientales tendrán que ser atendidas por los mismos funcionarios y funcionarias con los que hoy cuentan la SEREMI de Salud y la Superintendencia de Medio Ambiente. En la región de La Araucanía por ejemplo, solo hay dos fiscalizadores de la superintendencia, para la fiscalización del cumplimiento de los compromisos de todos los proyectos evaluados ambientalmente y de todas las denuncias por evasión de la evaluación ambiental, fraccionamiento de proyectos, etc. Por supuesto, ninguno de esos proyectos, ni el de permisos sectoriales ni el de reforma al reglamento del SEIA, contempla un aumento de presupuesto para que aumente la capacidad de fiscalización acorde al aumento de proyectos que, por todos los mecanismos ya explicados, se instalarían más rápido y en más lugares. 

Pero esa es la calidad de grandes empresarios que tenemos en Chile hoy día, los que quieren que vivamos en esa situación, que no les importa porque ellos no viven donde los impactos ambientales suceden directamente. Tampoco donde se percibe la inseguridad social, porque viven en sus predios aislados y repletos de sistemas de seguridad. 

La venida de las primarias presidenciales nos da un espacio de apertura donde estos temas deben ser abordados con mirada de futuro pero también de urgencia, ya que de aprobarse el proyecto de ley de Permisos Sectoriales, cruzaremos una línea desde la cual no podremos retroceder. ¿Queremos acrecentar la triple crisis planetaria con negocios rápidos y dañinos, o queremos desarrollar economías que nos beneficien a todas y todos, incluyendo las futuras generaciones? ¿Qué dicen y hacen las y los precandidatos presidenciales sobre esto?

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