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Suspenden a jueza que dejó en libertad a presunto sicario del «Rey de Meiggs»

Santiago, 15 de julio 2025. Jueza Irene Rodriguez Chavez, cuya firma esta en oficio que deja libre a uno de los sicarios del caso El rey de Meiggs. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

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Durante este sábado, la Corte de Apelaciones resolvió suspender por un mes a la jueza Irene Rodríguez, quien firmó la polémica orden que dejó en libertad al ciudadano venezolano imputado por el asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

EL GONG.- La medida también afecta a una funcionaria del Poder Judicial, quien se encuentra bajo investigación en el mismo caso. Ambos están siendo indagados en el marco de un sumario disciplinario instruido desde el 15 de julio, según informó el propio Poder Judicial.

Rodríguez fue, además, quien en primera instancia dictó la prisión preventiva de Alberto Mejía, alias Osmar Ferrer (18), y de otros dos imputados por el homicidio ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa, Región Metropolitana.

Errores administrativos y uso de identidad falsa

Entre los antecedentes investigados figura el uso de una identidad falsa por parte del imputado, quien inicialmente se presentó ante la justicia como Osmar Ferrer. Esta situación habría generado confusión documental, provocando que uno de los oficios enviados a Gendarmería revocara la prisión preventiva, mientras otro —con el nombre corregido— ordenaba su reingreso.

Como resultado, el presunto sicario fue liberado a menos de 24 horas de haber sido formalizado, lo que generó un amplio revuelo judicial y político.

incautación de celulares y equipos

El fiscal Marcos Pastén, quien lidera parte de la investigación, confirmó que el pasado 15 de julio se incautaron celulares y computadores tanto de la jueza como del personal administrativo involucrado.

“Entregaron voluntariamente sus celulares, los cuales ya estamos registrando para encontrar información que pudiera ser útil, incautando también computadores desde los cuales se hicieron las comunicaciones”, precisó el persecutor.

La fiscal Clara Carrasco, de la Corte de Apelaciones de Santiago, está a cargo de las diligencias y del sumario que busca aclarar cómo se produjo este grave error judicial.

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