EL GONG, La Araucanía.— Los diputados Miguel Ángel Becker y Jorge Rathgeb ingresaron una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Victoria por la emboscada ocurrida la noche del 23 de agosto de 2025 en el sector Selva Oscura (Ruta CH-181 con R-823), donde falleció Manuel León Urra y resultó grave César Osorio, ambos trabajadores que realizaban labores de vigilancia en el predio “Los Prados” de CMPC.
Diputados Becker y Rathgeb presentan querella por emboscada en Victoria e invocan eventual aplicación de la nueva Ley Antiterrorista pic.twitter.com/fF7mUwZqtj
— fresia television (@fresiatelevisi1) August 29, 2025
La acción, patrocinada por el abogado Ronald Von der Weth Pettinelli, se dirige contra todos quienes resulten responsables —como coautores, inductores, cómplices o encubridores— y pide investigar los hechos bajo los tipos penales de homicidio calificado, asociación criminal y porte ilegal de armas, con carácter terrorista conforme a la Ley N° 21.732 (nueva Ley Antiterrorista).
El hecho denunciado
Según el escrito, al menos cuatro personas, con organización y permanencia en el tiempo, habrían salido desde zona boscosa con armas cortas y largas para emboscar la camioneta en que se trasladaban las víctimas. León murió en el lugar por impacto balístico; Osorio sobrevivió con lesiones graves.
La querella sostiene que la planificación, el uso de armamento ilegal y la coordinación revelarían una estructura organizada cuyo propósito sería “desmoralizar a la población”, hipótesis que encuadraría en el artículo 4 letra c) de la Ley 21.732 y permitiría agravar las penas.
Postura del Gobierno
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, —quien se reunió en La Araucanía con autoridades y la familia de la víctima— señaló que no se descarta aplicar la Ley 21.732, pero que la decisión se tomará tras evaluar nuevos antecedentes que arroje la investigación en un plazo de 30 días. Paralelamente, el Ejecutivo ya presentó querella por asociación criminal y homicidio calificado, ingresada bajo RIT Ordinaria-1121-2025 y RUC 2510042002-6.
Qué pide la querella
Los querellantes solicitan al Ministerio Público una batería de diligencias entre las que destacan:
- Encargar a la BIPE de la PDI declaraciones a víctimas y testigos, y un informe fotográfico y planimétrico del sitio del suceso.
- Levantamiento y peritajes de evidencias biológicas, huellas y registros de cámaras de seguridad asegurando cadena de custodia.
- Pericias balísticas: vainillas, cartuchos y proyectiles; cotejo en el Sistema Automatizado de Identificación de Señales Balísticas y trazabilidad de municiones (marca, lote y proveedores).
- Oficios a la DGMN sobre eventuales inscripciones y portes de armas.
- Informe del Servicio Médico Legal sobre la naturaleza y letalidad de las lesiones.
Fundamentos legales invocados
El libelo cita los artículos 1°, 2° y 9° de la Ley 21.732 —que define asociación terrorista y agravantes— y el artículo 391 N°1 del Código Penal (homicidio calificado), además del Decreto 400 y Ley 17.798 sobre control de armas. También invoca el artículo 111 del Código Procesal Penal para la legitimación de los querellantes.
Competencia y trámite
Por haberse cometido los hechos en Victoria, los recurrentes afirman que es competente el Juzgado de Garantía de esa comuna, conforme al Código Orgánico de Tribunales. Solicitan que, tras la investigación, se formalice a los responsables y se les condene con las penas más altas contempladas por la ley. La notificación especial se pide al correo del abogado patrocinante.
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