Durante su primera jornada en la mañana, la instancia recibió a abogados vinculados a las bancadas que promovieron el libelo.
La comisión que analiza la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera comenzó a recibir invitados. En la jornada se dio cuenta de la carta enviada por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, excusando su participación en la instancia.
En el documento se señala que la Fiscal Regional Claudia Perivancich está cargo de la investigación por negociaciones de la minera Dominga. Por lo tanto, él no podría referirse a este proceso, además por la reserva de la investigación que se establece en el Código Penal.
Frente a esto, quienes integran la instancia acordaron desarrollar un cuestionario de consultas para que el Fiscal Nacional, eventualmente, responda.
Abogados ambientalistas
En esta primera sesión, participó la abogada ambientalista Llankiray Díaz. En su intervención explicó cómo funciona el sistema de evaluación ambiental, detallando el proceso que desarrolló el proyecto minero portuario Dominga en Higuerillas.
Explicó que es un proceso “muy normado”, pero llamó la atención del carácter “político” de las organizaciones que se pronuncian sobre los proyectos. Esto debido a que están conformadas por el delegado presidencial y secretarios regionales ministeriales o por ministros de Estado.
La abogada también se refirió a la decisión de Sebastián Piñera de no apoyar el proyecto Barrancones, “aparentemente por una preocupación ambiental”. Además, criticó como lobby a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, dependiente del Ministerio de Economía, que tuvo entre sus prioridades a Dominga.
El abogado ambientalista Ezio Costa también criticó a esta oficina, señalando que “los gobiernos no deberían tener proyectos privados como favoritos”. Aseguró que no están normados los criterios para priorizar ciertos proyectos.
Probidad
En la sesión también participó el abogado Marcelo Drago, ex presidente del Consejo para la Transparencia. En su intervención revisó las normas vigentes con relación al principio de probidad en la administración pública.
Sobre la situación del Presidente Piñera, señaló que actuar bajo cualquier conflicto de interés es una falta grave al principio de probidad. Situación que podría establecerse en este caso, considerando los vínculos familiares y de amistad que existirían entre quienes realizaron las negociaciones de la minera Dominga.
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