«Cualquier declaración que yo haga hoy día tiene muchas implicancias, por lo tanto, es mi deber ser cuidadoso», expresó el Presidente electo.
El Presidente electo, Gabriel Boric (CS), descartó este martes que existan diferencias con Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC), quienes fueran coordinador político y vocera de su campaña, respectivamente, en relación al retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas por el Gobierno saliente de Sebastián Piñera en el marco del estallido social cuando asuma.
Jackson, su principal consejero político, aseguró la mañana del lunes que «las querellas por Ley de Seguridad del Estado por cierto que van a ser retiradas en el minuto que Gabriel Boric asuma como Presidente. Eso es un compromiso, eso no tiene ninguna razón de ser», recuerda una nota publicada esta tarde por Cooperativa.
Más tarde, el propio Boric matizó los dichos de su mano derecha y señaló -tras su encuentro en La Moneda con el Presidente saliente, Sebastián Piñera– que este tema es «una de las prioridades de nuestro Gobierno es que haya verdad, justicia y reparación y no repetición. Estamos en conversación con el INDH y vamos a revisar caso a caso, es mejor no anticiparse».
Posteriormente, al ser consultada por las palabras del Mandatario electo, Vallejo -quien al igual que Jackson suena como nombre para ocupar en un ministerio- dijo que cree que Boric quiso diferenciar a los detenidos que tienen «un prisma político» con quienes se les imputa otro tipo de delitos, y sostuvo que «nunca hemos estado por indultar a quienes saquean pymes».
Consultada entonces sobre si ratificaba entonces lo que dijo Jackson sobre retirar todas estas acciones judiciales, Vallejo acentuó que «exactamente, porque son justamente las que tienen un prisma político. Tenemos asesinos, violadores libres y tenemos a estos jóvenes sin ninguna prueba en su contra en la cárcel dos años, eso no está bien».
Durante esta jornada, y al ser preguntado sobre los matices entre sus dichos y los de Jackson y Vallejo tras visitar la Convención Constitucional, el futuro Presidente aseguró que «nosotros no tenemos diferencias ni con Giorgio ni con Camila y no quiero que se generen polémicas innecesarias».
«Hemos señalado, respecto a la Ley de Seguridad del Estado, que creemos que es una mala ley, que además ha alargado las prisiones preventivas de manera absurda y que ha hecho mucho daño. En ese sentido, nosotros vamos a respetar plenamente la autonomía del Poder Judicial, como corresponde, y lo que esté en manos del Ejecutivo, respecto a las querellas de Ley de Seguridad Interior del Estado, es facilitar que esto se resuelva de la mejor manera posible. Ahí por supuesto que hay que evaluar», apuntó el ex líder estudiantil.
«Cualquier declaración que yo haga hoy día tiene muchas implicancias, por lo tanto, es mi deber ser cuidadoso», expresó Boric.
Entre el 18 de octubre del 2019 y julio de 2021, se presentaron 306 querellas por LSE patrocinadas por el Ministerio del Interior y las ex intendencias regionales, según cifras del Gobierno.
De estas, la mayoría son en Región Metropolitana, con 219 acciones contra 1.073 imputados. De ellos, según La Moneda, 55 están con arresto domiciliario, 379 con otras cautelares, 68 condenados, cinco sobreseídos, 13 con decisión de no perseverar en el procedimiento, 73 con suspensión condicional del procedimiento, 65 sin cautelares, 426 no formalizados.
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