Por unanimidad, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general el proyecto de Pensión Garantizada Universal.
VALPARAISO.-
Por unanimidad -138 votos a favor y ninguno en contra-, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general y particular, el proyecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que avanzó al Senado para su segundo trámite.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno, sufrió una serie de críticas por parte de la oposición, ya que no incluye el financiamiento para su puesta en marcha, el que fue ingresado como una propuesta distinta, que continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja este martes.
Sin embargo, los parlamentarios opositores votaron a favor, a la espera de que la Cámara Alta subsane los problemas del proyecto presentado por el Presidente saliente Sebastián Piñera.
«Aprobaremos el proyecto mal denominado Pensión Garantizada Universal, elaborado a la rápida por el Gobierno del señor Sebastián Piñera y presentado en sus postrimerías con plena consciencia de sus limitaciones, condicionando nosotros su vigencia a partir de la promulgación del proyecto de ley que reduce o elimina exenciones tributarias a fin de hacerlo viable financieramente», dijo la diputada comunista Carmen Hertz durante su intervención en el debate.
«Hoy día probablemente todos en esta sala aprobemos la PGU; sin embargo, es importante que el Gobierno comprenda nuestra molestia por la preocupación respecto de cómo se van a aumentar estas nuevas pensiones», expresó el frenteamplista Miguel Crispi (RD).
«El debate sobre si está financiado o no tiene un marco equivocado; la pregunta es si esta pensión tiene nuevos ingresos comprometidos y no los tiene», complementó el legislador.
La PGU consiste en un aporte directo de 185 mil pesos mensuales para todos los adultos mayores de 65 años que, jubilados o no, estén dentro del 80 por ciento de mayor vulnerabilidad. Mientras que para quienes se encuentren entre el 81 por ciento y 90 por ciento más vulnerable, el monto iría disminuyendo progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90 por ciento, excluyendo así solo al 10 por ciento de mayores ingresos.
El costo fiscal de la iniciativa será de un máximo de 0,95 por ciento del PIB entre 2028-2034, alcanzando promedio de 0,92 por ciento del PIB en la década de 2040, considerando el envejecimiento de la población en las próximas décadas, según indicaron desde Hacienda.
El Ejecutivo espera un rápido trámite, con el fin de iniciar los pagos para los beneficiados en el mes de febrero de 2022. (Cooperativa)
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