El gremio manifiesta su profunda preocupación por la decisión que habilita la continuidad del proceso ambiental de Dominga, un proyecto ubicado en una zona de alta biodiversidad marina en la Región de Coquimbo, y advierte que el fallo debilita el principio preventivo y los estándares ambientales en Chile.
Viña del Mar, 13 de junio de 2025 – ELGONG.CL .- El Colegio de Biólogas y Biólogos Marinos de Chile emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su profunda preocupación ante el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), el cual rechazó la contienda de competencias presentada por el Comité de Ministros en relación con el proyecto minero-portuario Dominga, permitiendo así que continúe su tramitación ambiental.
Aunque el fallo se refiere formalmente a una disputa entre órganos del Estado, el gremio advierte que tiene efectos directos sobre la viabilidad de un proyecto altamente controvertido desde el punto de vista ecológico, social y técnico.
El comunicado enfatiza que el área donde se proyecta Dominga, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, es reconocida internacionalmente como un hotspot de biodiversidad marina, albergando especies en peligro de extinción, como el pingüino de Humboldt, el chungungo, cetáceos, aves costeras, y una alta productividad ecológica. Se trata, subrayan, de un ecosistema crítico y único en el Pacífico Sur Oriental.
Lo que el Colegio considera especialmente alarmante es la contradicción lógica del fallo, que plantea que el “valor ambiental” de un territorio no es suficiente para impedir actividades productivas. Esta afirmación, advierten, ignora el propósito central de la legislación ambiental, que es precisamente evitar que esas actividades comprometan ecosistemas valiosos.
“La relativización del principio preventivo y su relegación a un criterio secundario debilita el estándar ambiental que Chile necesita consolidar”, afirman, calificando el fallo como un precedente peligroso.
El gremio también critica que, aunque el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no sea un instrumento de planificación territorial, sí considera criterios de área de influencia y sensibilidad ambiental que en la práctica definen compatibilidades de uso del territorio. Pretender que toda incompatibilidad puede resolverse con tecnología o mitigación es, según el comunicado, una visión tecnocrática que desconoce los límites ecológicos.
“Existen actividades que, por su naturaleza, no pueden coexistir con ecosistemas frágiles, por mucha innovación que se prometa”, señalan. La presión por desarrollar el territorio no debe hacer olvidar que hay zonas donde simplemente no se debe intervenir.
A modo de ejemplo, el Colegio afirma que instalar una minera en una zona costera de altísimo valor ambiental como Dominga es tan inaceptable como ubicar una planta industrial en un santuario natural o una central riesgosa en un barrio habitado.
Además, comparan la situación con países como Japón, donde las industrias complejas pueden incorporarse a zonas urbanas gracias a una gobernanza altamente regulada y fiscalizada. En contraste, Chile enfrenta una realidad marcada por vacíos normativos, escasa fiscalización y una deuda estructural en justicia ambiental.
“Debilitar los criterios de incompatibilidad territorial bajo promesas tecnológicas no solo es imprudente, es irresponsable”, sostienen.
Finalmente, el Colegio reafirma su compromiso con la defensa de los ecosistemas marinos, el fortalecimiento de una institucionalidad ambiental seria y un modelo de desarrollo que no sacrifique el patrimonio natural por decisiones de corto plazo. Asimismo, exhortan a la Corte Suprema, donde aún existe un recurso pendiente, a evaluar este caso con el más alto estándar técnico y ético.
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