En su última sesión plenaria, los consejeros regionales de Los Lagos expresaron su preocupación por el aumento sostenido de los delitos de connotación sexual en la zona, particularmente aquellos que afectan a menores y jóvenes, y anunciaron el inicio de una propuesta para la creación de un programa regional destinado a la prevención, atención y apoyo a las víctimas.
Según los últimos estudios del Ministerio de Seguridad, en los últimos seis meses se ha registrado un incremento de estas denuncias en la región. El informe consigna que los casos de abuso sexual contra menores de 14 años se mantienen como el delito más investigado, con más de 500 causas iniciadas en 2022 y una tendencia al alza en los períodos siguientes. En la mayoría de los casos, los imputados pertenecen al entorno cercano de la víctima, lo que eleva la gravedad del fenómeno.
A ello se suman cifras preocupantes de violación a mayores de 14 años y explotación sexual comercial infantil, que en 2023 acumularon cientos de denuncias. Solo en el primer semestre de ese año se registraron más de 200 órdenes de investigación por abuso sexual infantil, además de decenas de casos de violación en adolescentes.
El consejero por la provincia de Osorno, Bernardo Barría, subrayó la urgencia de destinar recursos para enfrentar esta problemática: “Debemos ser coherentes y enfrentar esta herida profunda. La seguridad no se construye solo con cámaras de vigilancia, sino con inversión desde las bases de la sociedad. Propongo la creación de un programa regional enfocado en la prevención y el apoyo a las víctimas de delitos sexuales. Este programa debe fortalecer la primera infancia y la familia, implementar una educación sexual integral y robustecer los centros de apoyo a víctimas. No podemos dejar a los grupos más vulnerables desprotegidos”.
Asimismo, la consejera Marión Fernández, de la provincia de Llanquihue, recalcó que el desafío debe asumirse colectivamente: “Se acordó trabajar en un programa regional destinado a visibilizar, reducir y ojalá erradicar los delitos asociados a violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, nuestra región tiene altos índices en este delito, por tanto, el trabajo debe ser colectivo y con una mirada clara en la educación y la prevención. Espero que podamos tener avances pronto, porque es tarea de todos y todas reducir esta lamentable cifra”.
Propuesta de ambos consejeros regionales que fue avalada por sus pares. Una de ellas fue la consejera por la provincia de Llanquihue, Patricia Gallardo, quien recalcó que el trabajo debe incluir también la violencia intrafamiliar (VIF), otro de los flagelos que afecta a la región: “Ahí se están viendo varias aristas para abordar la prevención del delito, como violencia interpersonal, consumo de sustancias ilícitas o robos con violencia. Pero mi sentir mayor fue el tema de la violencia intrafamiliar. Aplaudo la idea de mis colegas, porque son materias que debemos levantar desde el Consejo Regional y transformarlas en un programa concreto”.
Igualmente, el consejero de la provincia de Llanquihue, Rodrigo Arismendi, enfatizó en la necesidad de una política regional de protección a la infancia: “En la Comisión de Seguridad dejamos planteada la importancia de avanzar en una política regional de la niñez. En la región 17.000 niños son vulnerados en sus derechos cada año, y eso es alarmante. Este tema debe incorporarse dentro de las solicitudes que han hecho los consejeros, porque no podemos desatender a la niñez”.
Con este acuerdo, el Consejo Regional buscará avanzar en una propuesta formal para destinar recursos, para que de esta manera se pueda fortalecer la prevención, el acompañamiento y la reparación en casos de violencia sexual, así como en programas relacionados a la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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