El grupo de economistas, además, realiza un desglose entre las diferentes áreas que implicarían más gasto, en la cual lidera protección social, seguida por salud y educación.
Un informe del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló que el costo anual de la implementación de la nueva Constitución, de ser esta aprobada el próximo 4 de septiembre, podría oscilar entre el 8,9% y el 14,2% del PIB, lo que equivaldría a U$28.500 millones de dólares y U$45.000 millones de dólares respectivamente.
Así señala un grupo de economistas en el documento «Estimaciones del Costo Fiscal Directo de la Propuesta de Nueva Constitución», el cual se dio a conocer la noche del jueves. Entre sus autores se encuentran el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés y el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara, además de las y los economistas Andrea Bentancor, Guillermo Larraín, Claudia Martínez y Gabriel Ugarte.
El estudio busca realizar una estimación del costo fiscal directo de la implementación de la nueva Constitución, concepto que definen como «aquellos gastos en que el Estado podría incurrir producto de los compromisos a los que lo obliga dicha propuesta y que van más allá de los gastos ya comprometidos. Es decir, comparamos la estimación de los gastos potenciales de la propuesta con los gastos actuales».
Los expertos plantean dos escenarios para hacer sus estimaciones: un escenario bajo y un escenario alto, donde el primero es más conservador en materia de provisión de servicios y de gasto.
Este en este contexto que plantean que –de implementarse la nueva Constitución–, en un escenario bajo el costo total anual sería de 8,9% del PIB, mientras que en el escenario alto correspondería a 14,2%. Es decir, US$28.500 millones y US$45.000 millones respectivamente.
Para dimensionar los montos, cabe señalar que el Presupuesto de la Nación 2022 alcanzó los $82.135 millones de dólares.
Además, en el estudio realizan un desglose entre las diferentes áreas que más implicarían gasto, en la cual lidera protección social, seguida por salud y educación.
En lo que concierne a la categoría de protección social recién mencionada, aquel derecho que implicaría un mayor costo en el escenario bajo sería el derecho a la seguridad social, al que le sigue el derecho a la vivienda y el derecho al cuidado y al reconocimiento.
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