El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defraudada por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido.
Un fiscal solicitó este lunes una pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en el juicio oral que se le sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria.
El fiscal Diego Luciani pidió además que Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, sea inhabilitada a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.
Fernández, de 69 años, es juzgada desde mayo de 2019 por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
En el proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
Luciani también solicitó diversas penas para Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido y otros exfuncionarios kirchneristas.
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