Los senadores de la instancia cuestionan que sean los consumidores quienes deban costear la deuda acumulada, por lo que solicitan que exista un aporte estatal, tal como se ha hecho con el MEPCO.
En compás de espera se encuentra la tramitación del proyecto que crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios, el que cursa su segundo trámite.
Esto, luego que los integrantes de la Comisión de Minería y Energía recibieran al ministro de Energía, Claudio Huepe, quien explicó la norma y su paso por la Cámara Baja, donde parte de ella fue rechazada. Tras despejar dudas, los congresistas coincidieron en que “el ministro de Hacienda, Mario Marcel debería explicar por qué este fondo no tiene aporte estatal”.
Los legisladores esperan que en la sesión del próximo miércoles 29 de junio, el titular de la billetera fiscal explique los criterios que ha tenido el Ejecutivo para invertir –ya en dos oportunidades- al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) pero no se tenga contemplado realizar un aporte a un fondo que busca compensar la deuda acumulada de los clientes eléctricos que hoy asciende a mil 600 millones de dólares.
FONDO DE ESTABILIZACIÓN
Los legisladores cuestionaron la fórmula diseñada por el Gobierno para saldar este problema: distribuir entre los propios usuarios del servicio los costos del consumo y abogaron por la entrega de subsidios.
El ministro explicó que “si no se aprueba este proyecto íntegramente, se registrará un alza de un 40% de las cuentas de la electricidad a partir de julio, esto porque el Fondo de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica ya sobrepasó su tope que es tres mil 350 millones de dólares. La única alternativa sostenible es establecer un seguro permanente acudiendo a los clientes”.
El nuevo fondo en cuestión ha sido estimado en 2 mil millones de dólares y permitiría estabilizar las tarifas hasta 2032. Éste sería cubierto por medio de un cargo adicional, que será diferenciado por tramos de consumo (menos de 350, entre 350 y 500, entre 500 y 1000, más de 1000, y más de 5000 kw/h al mes), de forma que quienes más usan el sistema eléctrico sean quienes más contribuyan.
Considerando la resistencia de los senadores a esta propuesta, que ya fue rechazada por la Cámara Baja, el ministro Huepe dijo estar abierto a presentar indicaciones.
MECANISMO TRANSITORIO
La segunda parte del proyecto corresponde al Mecanismo transitorio de Protección al Cliente (MPC). Este tendrá por objeto impedir el alza de las cuentas de la luz durante este año y permitir solo alzas graduales durante la próxima década.
En concreto, un subsidio pagará las diferencias que se produzcan entre la facturación de las empresas de distribución a los clientes finales por la componente de energía y potencia. Este subsidio –que no es más que una extensión de la actual ley- se focalizará por tramos de consumo (menos de 350, entre 350 y 500, y más de 500 KW/h).
Los recursos contabilizados no podrán superar los mil 600 millones de dólares y su vigencia se extenderá hasta que se extingan los saldos originados por aplicación de la ley. A partir del año 2023, la Comisión Nacional de Energía (CNE) proyectará, semestralmente el pago total del saldo final restante.
DUDAS DE SENADORES
Tras la presentación del ministro Claudio Huepe, la presidenta de la Comisión, Loreto Carvajal afirmó que “el aporte fiscal o estatal, a diferencia de lo que ha ocurrido en los combustibles, aquí no opera, no actúa y no hay destinación de recursos públicos ni de recursos fiscales para esos efectos”.
“Pareciera ser que el ministro de Hacienda no está muy consciente de que hoy los hogares, sobre todo los más vulnerables, destinan una parte importante de sus recursos al pago de la luz eléctrica que es esencial”, agregó.
En tanto, la senadora Yasna Provoste manifestó que “hemos visto cómo ha reaccionado el gobierno frente a otras alzas, como el combustible (…), pero en el caso de las tarifas eléctricas, se insiste en una modalidad de que fondo se financie con aportes de familias con mayor consumo”.
“Esperamos que el Gobierno entienda que esta norma requiere aportes fiscales, que contener alzas tarifarias requieren un mayor protagonismo fiscal como ocurre en los combustibles”, comentó.
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