Diputados instaron al Gobierno a abrirse a buscar una solución, luego de los reparos planteados por el Consejo Fiscal Autónomo. Mientras el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se mostró en desacuerdo con lo señalado por la entidad sobre el Fondo de Reserva de Pensiones, aunque se allanó a destrabar el conflicto.
Para la tarde de este lunes 10 de enero se fijó en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la votación del proyecto de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal que entrega un monto de $185.000 a las personas mayores de 65 años que se encuentren en el 90% de la población más vulnerable.
Pese a que parlamentarios dicen estar de acuerdo con el aumento de las pensiones, proyectaron un complejo escenario respecto del futuro de la iniciativa que costea la PGU, puesto que no aseguraría ingresos permanentes. Una crítica que tomó fuerza especialmente tras una carta enviada por un grupo de economistas a El Mercurio, en la que cuestionaron la estrategia del Gobierno de ingresar el proyecto que entrega el beneficio y el de financiamiento por separado en el Congreso.
A esto se sumó el informe entregado por el Consejo Fiscal Autónomo en el que también mostraron sus reparos sobre los mecanismos planteados por el Ejecutivo y que, incluso, recomendaron modificar la reducción del aporte obligatorio anual al Fondo de Reserva de Pensiones (FPR) en 0,1% del PIB.
Al respecto, el diputado del Partido Socialista, Luis Rocafull, expresó sobre la discusión de mañana que “lo veo complicado. Si bien es cierto que la semana pasada todos teníamos la voluntad de apoyar la Pensión Garantizada Universal, hoy día también sería de una tremenda irresponsabilidad el no asegurar los ingresos permanentes. Esperamos que el Gobierno de aquí a mañana se pueda abrir a encontrar alguna solución”.
El legislador consideró que “el informe es súper certero, es claro respecto a que el proyecto no está financiado totalmente. Por lo tanto, tengo la confianza y la esperanza de que el Ejecutivo se abra para hacer una nueva propuesta” y agregó que “inconstitucional sería que por parte de los diputados aprobarlo de tal manera. A mí me parece que esto puede arreglarse acá. Nosotros no queremos ponerle piedras en el camino y queremos aprobarlo”.
Por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana, Daniel Verdessi, aseveró que “por un lado, la tesis del Gobierno de que está financiado parece que no tiene sustentación y, por otro, tampoco es un momento como para hacer ganancias políticas a costa de una esperanza y una promesa que se hace a los chilenos. Entonces, veo que no hay mucha agua para la piscina, creo que va a haber un grupo importante dentro de la oposición que, si no tiene sustento, puede ser rechazado”.
“Hasta el momento no veo ese financiamiento sustentable y, provenga de un nuevo acuerdo dentro de la Cámara o del Senado, creo que es un riesgo que nosotros aprobemos sin sustento financiero una propuesta que yo sé que no va a funcionar y que tiene que ser modificada”, enfatizó Verdessi.
En tanto, el diputado de la UDI, Sergio Gahona, comentó que “sin perjuicio de la opinión del Consejo Fiscal Autónomo, y también hemos tenido opiniones de expertos y especialistas en manera distinta, yo espero que durante el día de mañana en la Cámara de Diputados podemos tener resuelto el tema de la aprobación del financiamiento. Si el nuevo Gobierno quiere generar alguna otra instancia a partir de marzo para mejorar la estructura de financiamiento no tengo ningún inconveniente y concurriremos con ese apoyo también, pero lo importante es sacar adelante ahora el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal de manera de que se comience a pagar en febrero y no siga esperando la gente que más lo necesita”.
En cuanto a la solicitud de senadores de fusionar ambos proyectos, el parlamentario gremialista dijo no estar de acuerdo, puesto que se trata de iniciativas distintas y añadió que “ahora si la oposición en estos últimos dos meses se ha puesto responsable fiscalmente y ha entrado con una serie de argumentos económicos, me habría gustado que eso hubiera ocurrido durante todo el período presidencial del Presidente Piñera y no solo ahora que están a dos meses de que termine el Gobierno, con el solo objetivo político de poder ser ellos quienes promulguen esta ley relacionada con el mejoramiento de las pensiones de las personas más vulnerables”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en conversación con el programa Mesa Central dijo esperar que el proyecto de financiamiento sea aprobado en Sala para luego ser despachado al Senado. En cuanto a los reparos por parte del Consejo Fiscal Autónomo, aseveró que “los comentarios técnicos se arreglan en el ámbito técnico. Yo creo que lo importante es que sí tengamos una decisión política de avanzar y eso significa que la oposición como el Gobierno estemos disponibles para hacer todo lo posible porque esto salga durante enero”.
En ese sentido, insistió en que la iniciativa recoge parte de las ideas planteadas en las campañas presidenciales, desde el presidente electo Gabriel Boric hasta el exabanderado José Antonio Kast, y se mostró en desacuerdo sobre la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo de modificar la fuente que apunta al Fondo de Reserva de Pensiones, señalando que “creemos que de todas formas ese 0,1% que viene del FRP es un fondo disponible y, por lo tanto, si tenemos esa plata podemos ocuparla, pero si conversar y buscar una solución alternativa a ese 10% del financiamiento destraba esto estamos disponibles para hacerlo”.
DIARIO U CHILE
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