Con profunda indignación, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, condenó enérgicamente el ataque ocurrido en Temuco, donde un niño de solo dos años resultó baleado en la cabeza por su propio padre. El menor permanece en riesgo vital en el Hospital Regional, mientras que la Fiscalía confirmó que “la intención siempre fue quitarle la vida”.
EL GONG, TEMUCO.–Según informó el fiscal a cargo, el hecho se produjo tras una discusión entre el imputado y su pareja, momento en que el hombre sacó un arma de fuego y disparó directamente contra su hijo. Posteriormente, huyó en motocicleta y, al momento de ser detenido, incluso apuntó a un carabinero con un arma.
Condena absoluta y exigencia de máxima sanción
Frente a la brutalidad del caso, la senadora Aravena expresó su repudio y exigió sanciones ejemplares:
“Estamos frente a un acto de crueldad absoluta. No existe justificación alguna para intentar asesinar a un hijo. Espero que Dios proteja la vida de este niño inocente y que su agresor sea condenado con todo el rigor de la ley, sin beneficios ni atenuantes”, afirmó.
Un crimen de las penas más duras del ordenamiento
El ataque se enmarca en el delito de parricidio frustrado —o consumado en caso de fallecimiento del menor—, uno de los crímenes más graves de la legislación chilena.
- Parricidio frustrado: penas de 10 a 20 años de cárcel efectiva.
- Parricidio consumado: puede llegar a presidio perpetuo, con cumplimiento efectivo de 20 a 40 años antes de optar a beneficios.
Al respecto, Aravena planteó un debate sobre la proporcionalidad de las sanciones:
“Estamos hablando de las sanciones más duras de nuestro ordenamiento. Sin embargo, cuando se trata de parricidio frustrado, la ley permite una rebaja que abre un espacio de debate. ¿Es razonable que exista rebaja de pena por el solo hecho de que el niño logre sobrevivir, pese a la atrocidad del acto? Como país debemos avanzar hacia penas más altas y sin beneficios para quienes atenten contra la vida de sus propios hijos”, cuestionó.
Llamado a responsabilidades institucionales
La parlamentaria también emplazó al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en La Araucanía a pronunciarse sobre el caso:
“La gran pregunta que surge es si existían denuncias previas en la Defensoría de la Niñez, en tribunales o en las policías que debieron activar alertas para proteger a este pequeño. Aquí no solo hay un padre imputado, también puede haber un Estado que falló en su deber de proteger. Por eso pido que el Servicio de la Niñez se pronuncie y dé explicaciones sobre qué mecanismos se activaron o no se activaron”, enfatizó la senadora.
Finalmente, reiteró que la protección de la infancia debe ser prioridad absoluta en el país:
“No podemos seguir reaccionando solo después de las tragedias. El país necesita leyes más duras, un Estado más presente y una justicia que ponga en el centro la vida de los niños”, concluyó.
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