La ministra de Desarrollo Social y la subsecretaria de Servicios Sociales detallaron, ante la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, las principales prioridades de la cartera. Entre ellas, destaca la realización de un catastro nacional de personas que requieren cuidados y de cuidadoras/es, junto con la implementación de un Sistema Nacional de Cuidado (SNC).
La ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, junto a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Rosales, participaron en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, para dar a conocer el trabajo relacionado a las necesidades de dichos grupos (ver presentación).
Avanzar en un enfoque de ciclo vital, involucrando a todas las instituciones relacionadas, y ver lo que pasa con las personas en lo social, en su bienestar y en su salud, es uno de los objetivos del trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, como lo explicó la ministra Jeannette Vega.
En ese sentido, el gran desafío es diseñar y poner en marcha el Sistema Nacional de Cuidado (SNC). La idea es darle un enfoque de garantía de derechos y que revise la política de focalización y permita transitar hacia la universalización.
Así, se priorizará realizar un catastro nacional de personas cuidadoras y de quienes requieren cuidados. Para ello, se trabaja con las municipalidades y gobiernos regionales con el fin de integrar la información.
Por otra parte, se espera ampliar el programa existente de apoyos y cuidados que coordina el Ministerio, pasando, en 2022, de 62 a 89 comunas; y de 3.766 a 5.360 familias, a nivel nacional (10% de cobertura).
Personas con y sin dependencia
Para las personas con dependencia funcional se fortalecerá la hospitalización domiciliaria y el apoyo de asistentes personales.
En tanto, para las personas mayores sin dependencia y con dependencia leve, se avanzará en una política de envejecimiento digno, activo y saludable. Junto a ello, se promoverá un plan de alfabetización digital para favorecer la teleasistencia. Además, se aumentará la cobertura de los centros diurnos y la creación de centros de cuidados comunitarios con participación de organizaciones sociales.
Para personas mayores con dependencias más avanzadas, se fortalecerá su permanencia en casa a través de un programa remunerado.
Respecto de las personas cuidadoras, se proyecta un sistema de apoyo específico. Entre las acciones está la creación de una figura remunerada: el agente comunitario del cuidado. Este apoyará a la persona cuidadora y permitirá que dedique tiempo a su vida.
También se garantizará el derecho a un asistente personal, profesional de atención domiciliaria que remplazará al cuidador/a en ciertos horarios.
Por otra parte, habrá un reconocimiento del trabajo de las personas menores de 60 años que dedican su jornada a cuidar de alguna persona dependiente severa. Para estos casos, se plantea entregar un valor igual al salario mínimo.
Además, se establecería la credencial para la persona cuidadora, que le permita acceder a algunos beneficios como un plan de recuperación de la salud física, mental y dental.
Personas mayores
La ministra explicó que, para las personas mayores, se promoverá la teleasistencia y el derecho a un asistente personal, según sus necesidades.
Igualmente, se avanzará en la modernización del sistema actual de Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM), mejorando la fiscalización y aumentando su número.
Junto a ello, se impulsará un modelo de vivienda tutelada que promueva el enfoque comunitario de cuidados y la promoción de la autonomía de las personas mayores.
Adicionalmente, se fortalecerá el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias. En este marco se aumentará el número de centros comunitarios de apoyo para estas personas.
Debate
Uno de los principales puntos de preocupación que surgió en forma transversal en la instancia, es avanzar, prontamente, en la tramitación del proyecto sobre derechos de personas en el espectro autista. Esto, considerando que existe acuerdo en su redacción y es fruto del trabajo con las comunidades. Cabe recordar, que el proyecto (boletines 14549 y 14310) se encuentra en la Comisión de Hacienda, a la espera de un informe financiero sustitutivo.
Las autoridades conformaron que el texto está en fase de revisión y anunciaron la presentación de indicaciones. La ministra Vega señaló que esperan que el proyecto avance hacia la población más vulnerable. Luego, aclaró que se refiere a un universalismo progresivo de acuerdo a necesidades, que no genere más inequidad.
El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) sostuvo que no corresponde hacer distinción entre personas con discapacidad y que el proyecto debe llegar a todos. El punto fue compartido por la diputada Francesca Muñoz (RN).
Otro aspecto manifestado por los diputados Daniel Melo (PS) y Marlene Pérez (IND-UDI) es la fiscalización de la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, que fija un porcentaje de 1%.
Respecto a ello, la subsecretaria Rosales indicó que esperan aumentar las fiscalizaciones que dependen de la Dirección del Trabajo. Mientras, la ministra Vega dijo que esperan aumentar el porcentaje de contratación a 2%.
Por otra parte, la diputada Carolina Marzán (PPD) preguntó si se cumple o no con la Ley de accesibilidad universal.
Respecto a ello, la subsecretaria dijo que, desde la publicación del decreto, en 2016, no se está cumpliendo a cabalidad. Comentó que se relacionan a recursos de Programas de Mejoramiento de Gestión del Ministerio de Obras Públicas.
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