Pese a los importantes progresos en materia de justicia transicional llevados a cabo en Colombia, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por el aumento de la violencia contra comunidades rurales y líderes sociales que se produjo durante el año pasado en el país sudamericano.
Durante la presentación oral en el Consejo de Derechos Humanos de varios informes anuales sobre diversos países, Michelle Bachelet especificó que los sucesos violentos en Colombia se produjeron en “un contexto de continua expansión territorial por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales”.
Bachelet destacó que los grupos de población que sufrieron un mayor impacto de estas acciones fueron los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
La Oficina de la Alta Comisionada documentó el año pasado 78 masacres y cien homicidios de defensores de derechos humanos. A este balance, le añadió los 54 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP reportados por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y los 54 casos de privaciones arbitrarias de la vida por parte de la Fuerza Pública.
“Hago un llamado a que el Gobierno establezca con urgencia una presencia más integral de las autoridades estatales civiles en los territorios más afectados por esta violencia. Además, es urgente que el Gobierno adopte, en consulta con la sociedad civil, una política de desmantelamiento de las organizaciones criminales y fortalezca su respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”, solicitó.
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