BORIC PONE ENTRE LA ESPADA Y LA PARED A SU MINISTRA DEL INTERIOR

Ante serie de falencias o negligencias desde la Cartera de Siches, en el caso “Operación Huracán. Es la primera señal del Presidente que afecta a la secretaria de Estado

Boric califica de “inaceptable” error de la División Jurídica de Interior y anunció que “se van a tener que asumir responsabilidades”

El Presidente manifestó su preocupación por la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que deja al Gobierno fuera de la causa en que se persigue a ex carabineros y civiles acusados de montar pruebas falsas en contra de comuneros mapuche para inculparlos de ataques terroristas en La Araucanía. La cadena de errores que determinaron que el Ejecutivo no tenga calidad de querellante se inició el 12 de mayo cuando se negaron a corregir un vicio formal de su acusación, lo que llevó al tribunal a excluirlos del juicio oral. Con todo, en la División Jurídica de Interior aseguran que aún tienen una última oportunidad para volver a participar de la emblemática investigación por corrupción policial.

Como un error de “inaceptable” calificó el Presidente Gabriel Boric lo ocurrido en el caso Huracán donde el Gobierno dejó de ser querellante luego de no corregir un “vicio formal” de la acusación que presentaron en contra de ex carabineros y civiles por el montaje de pruebas en contra de comuneros mapuche. Junto con esto, el Mandatario aseguró que pediría información a la ministra del Interior, Izkia Siches, y apuntó a que se deberán “asumir responsabilidades”.

La Corte de Apelaciones de Temuco, en resolución unánime, declaró inadmisible el último intento de la División Jurídica de Interior, comandada por la abogada Camila Barros, para revertir la resolución de la jueza Marcia Castillo que el 12 de mayo pasado, tras darle un plazo de 48 horas para que rectificaran el libelo acusación -y no haberlo hecho-, decidió excluirlos como querellantes en la preparación de juicio oral que se está llevando a cabo.

“El caso Huracán es una investigación seria y grave contra funcionarios civiles y funcionarios policiales por malversación de documentos públicos e imputaciones a comuneros mapuche con pruebas falsas. Esto es gravísimo y, por lo tanto, la instrucción desde Presidencia es que el Estado tiene que agotar todos los recursos que estén a su alcance para perseguir estos delitos”, sostuvo Boric. Agregó que “entiendo que está la posibilidad de la apelación. Ahora, las características de este error -desde mi punto de vista- es inaceptable y por supuesto que tiene que haber responsabilidades, lo voy a conversar con la ministra para evaluar dónde se cometió ese error, entiendo que es anterior, que venía hace un tiempo ya. Y van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas”.

Finalmente el Presidente apuntó a que “esto pone en tela de juicio la legitimidad de la persecución. Y nosotros necesitamos tener instituciones que estén legitimadas ante la ciudadanía para combatir el crimen y el delito. Esto es totalmente relevante y no vamos a cejar en perseguir a los responsables”.

La cadena de errores

El caso impacta al seno de la División Jurídica de Interior y en particular a la coordinadora del área penal a nivel nacional, la abogada Javiera Corvalán. La profesional, de hecho, se anunció tres veces para alegar el último recurso de apelación, pero cuando fue la audiencia dejó todo en manos de un profesional de la Delegación Presidencial del Biobío.

No pocos apuntan a que el origen del error que los tiene hoy fuera de uno de los casos más emblemáticos de corrupción policial está radicado en el séptimo piso del Edificio Bicentenario, a un costado de La Moneda. Y es que el abogado Luis Martínez -quien luego fue desvinculado por quedarse dormido y no presentarse en una audiencia por el caso del crimen de un carabinero- aseguró el 12 de mayo que era una instrucción de sus jefaturas el no corregir el “vicio procesal” como lo había ordenado la jueza Castillo. “Sobre todas estas cosas consultamos a Santiago”, dijo el profesional en esa oportunidad.

Ninguno de los intentos de la repartición ha resultado exitoso. Antes de la apelación, Barros fue hasta la Corte de Apelaciones de Temuco denunciando a la jueza Castillo, a través de un recurso de queja, de cometer “graves faltas y abusos” en el dictamen que los marginó como querellantes. En fácil, decían que ella no les podía exigir modificar su acusación en que imputan el delito de obstrucción a la investigación, y que las defensas plantean que no tiene legitimación activa para perseguir dicho ilícito, ya que -a juicio del Ejecutivo- la calificación jurídica de los hechos no era una “cuestión de forma”. Sin embargo, no obtuvieron lo que buscaban, siendo el primer revés de la estrategia de la nueva jefa de División. “No ha lugar por improcedente”, sostuvo el tribunal de alzada el 23 de mayo.

Aún así y pese a que la queja es una vía extraordinaria y se presenta, justamente, cuando no existe ningún otro recurso para impugnar resoluciones judiciales, interpusieron la apelación que ayer fue declarada inadmisible. Los ministros José Marinello, Adriana Aravena y María Georgina Gutiérrez desestimaron que los argumentos presentados por el Ministerio del Interior estuvieran bajo las hipótesis que permiten tramitar un recurso de este tipo. “La resolución recurrida, no suspende el procedimiento ni poner término al mismo, ni hace imposible su prosecución, ya que estos antecedentes continúan sustanciándose en relación a todos los demás intervinientes, por lo que no concurren los supuestos fácticos para aplicar esta parte de la norma señalada. Cabe añadir que tampoco existe norma alguna del mismo cuerpo legal o ley especial que conceda expresamente este recurso, menos considerando la etapa de preparación de juicio oral en la que se encuentra el proceso”, apuntaron.

Con todo, según comentan en el Ministerio del Interior, aún les quedaría una chance. Y es que cuando se reactive la preparación de juicio puedan volver a apelar al abandono de la querella. Esto, pese a que en el Poder Judicial estiman que el único efecto de esto sería que no sean condenados en costas, pues la exclusión del juicio ya se materializó.

Falta de experiencia y tozudez

Una vez materializado este “duro revés” judicial, las defensas apuntaron al “amateurismo”, falta de experiencia y “tozudez” de quienes litigaron en las últimas semanas en el proceso.

La defensora Marissa Navarrete explica que esta derrota en tribunales del Gobierno se debe a aspectos técnicos que pudieron ser subsanados. “La exclusión del Ministerio del Interior tiene una explicación meramente procesal: fue obligado a corregir su acusación y no lo hizo. No lo hizo por negligencia, sino porque no quiso dar cumplimento a la resolución del juez. Y eso tiene una sanción establecida en el propio Código que es que queda excluido de seguir participando en el proceso. El Ministerio del Interior presentó recursos y estos fueron rechazados por la Corte, por lo que espero que, como defensa se continúe con la audiencia preparatoria de juicio, la que se ha visto dilatada nuevamente por este incidente promovido por el Ministerio del Interior”, dijo a La Tercera PM.

Una de las críticas que se han alzado respecto a la cartera que dirige la ministra Izkia Siches apunta a la falta de experiencia de quienes están a cargo de la intervención del Gobierno en el ámbito penal. De hecho, el arribo de Corvalán generó polémica por haberse titulado recién en 2019 y realizar actualmente las funciones que tenía en el pasado el abogado Carlos Flores que llevaba 18 años y que fue desvinculado junto a otros cinco compañeros.

Quien ha ocupado el cargo de jefa de la División Jurídica es la abogada Ximena Risco quien califica de “grave” lo ocurrido en la estrategia del Ministerio del Interior en uno de los casos más importantes de corrupción policial.

“Lo que ocurrió demuestra dos cosas. Por una parte, la importancia de contar en los equipos con profesionales de experiencia, que conozcan los temas, procedimientos y formas en las que se desarrolla el sistema judicial chileno. Acá hubo una falta de conocimiento evidente del proceso y terminó con el desenlace que ya conocemos. Pero lo segundo, es que cada División Jurídica obedece a los lineamientos que entrega el ministro encargado, y acá también hubo una decisión política de no entregarle la importancia que requería este procedimiento judicial. Recordar que este caso implica perseguir los grandes casos de corrupción que algunas personas cometieron en una institución tan importante para nuestro país como Carabineros de Chile, y el que el Ministerio del Interior quede fuera como querellante, implica botar a la basura más de cuatro años de trabajo en que como Estado tratamos de buscar justicia por todos quienes resultaron afectados. Es muy grave y no basta con sacar al abogado”, expuso la abogada penalista.

Consultado por cuáles son las alternativas que analizan en la División Jurídica del Ministerio del Interior, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

CON INFORMACIÓN DE: LT.CL

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