La comisión destinó la última sesión del año para revisar en detalle la metodología del “Proyecto Inocentes” y los alcances del piloto de defensa en comisarías que se desarrolla en las regiones del país.
TEMUCO (EL GONG).- Los proyectos institucionales de la Defensoría Penal Pública se tomaron la tabla de la última sesión anual de la ‘Comisión regional de coordinación del sistema de justicia penal’ de La Araucanía, convocada recientemente por la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Stephanie Caminondo.
La cita tuvo por objeto revisar en detalle la metodología del “Proyecto Inocentes” y los alcances del piloto de defensa en comisarías que comenzó a desarrollarse este año en las regiones de O’Higgins, Metropolitana, Los Ríos, Antofagasta y Maule. Los respectivos temas fueron expuestos por el defensor penal público Eugenio Sáez y por el jefe de Estudios de la Defensoría Regional, Marcelo Pizarro.
“PROYECTO INOCENTES”
El primer tema revisado por la comisión fue el “Proyecto Inocentes”. En su exposición, Eugenio Sáez profundizó sobre los principios que sustentan esta iniciativa institucional, que desde 2013 recoge y presenta casos de personas inocentes que erróneamente fueron acusadas de un delito y estuvieron injustamente privadas de libertad.
“Este proyecto busca hacer una reivindicación de carácter comunitario o social de aquellas personas que, habiendo sido investigadas por crimen, simple delito o falta, han estado privadas de libertad, ya sea en prisión preventiva, internación provisoria o arresto domiciliario, o que, en definitiva estas causas han terminado por sobreseimiento definitivo porque no existía el ilícito o porque se crédito la inocencia de la persona”, explicó el defensor público.
Sáez aclaró que esta iniciativa es de carácter administrativo y que, como tal, permite que tanto las y los defensores como las personas afectadas o sus familias pueden enviar los antecedentes de sus casos para que sean evaluados y postulados para ser incorporados a la plataforma web www.proyectoinocentes.cl.
“Esta es una iniciativa propia de la Defensoría Penal Pública. Es de carácter administrativo y es gestionada por nosotros a nivel institucional. Ahí vamos recogiendo los casos, los presentamos al comité editorial de la Defensoría y posteriormente nos encargamos de su difusión”, sostuvo el encargado regional.
Presente en el encuentro, la ministra Cecilia Aravena, de la Corte de Apelaciones de Temuco, destacó esta política institucional y la catalogó como “uno de los mejores proyectos de la Defensoría Penal Pública”.
PILOTO EN COMISARÍAS
En la siguiente exposición, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía explicó las características del modelo de defensa en unidades policiales, que desde el este año funciona como piloto en las regiones de O’Higgins, Metropolitana, Los Ríos, Antofagasta y Maule.
Marcelo Pizarro explico que el programa fue desarrollado tras el estallido social de 2019, que develó la importancia de contar con un servicio de defensa penal pública en las primeras horas tras la detención de una persona.
El abogado detalló que tras un diagnóstico realizado por el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y el trabajo conjunto realizado por la Defensoría Penal Pública y Carabineros, se logró levantar un modelo de atención que actualmente funciona como piloto en estas cinco regiones.
“Si bien este modelo de trabajo se no ha instalado en La Araucanía, la Defensoría baraja su desarrollo gradual en cada una de las regiones del país, con el objeto de dar atención de forma permanente para todas las personas detenidas en unidades policiales”, aclaró.
LA COMISIÓN
A esta última sesión anual de la comisión coordinadora regional del sistema penal asistieron también la presidenta (s) de la Corte de Apelaciones de Temuco, Cecilia Aravena; el Fiscal Regional (s), Alberto Chifelle; el prefecto de Investigaciones de la provincia de Cautín, Alejandro González; el director (s) del Servicio Nacional de Menores de La Araucanía, Eduardo Mora; el director regional de Gendarmería, coronel Diter Villarroel, y el coordinador regional de seguridad pública, Luis Carmach.
La comisión es una instancia consultiva regional de carácter permanente, coordinada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos. Su objetivo es procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, a través de propuestas técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las instituciones participantes.
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