Sitúa el juicio político, -ante revelación de “Pandora Papers”-, que iniciará la oposición en contra de Piñera, como un aprovechamiento electoral, mientras la Fiscalía lo califica como un presunto delito que ya está investigando de oficio: cohecho y soborno, entre otros probables ilícitos.
SANTIAGO (Por, EL GONG).- Sectores conservadores de la Derecha en Chile parecen no entender la envergadura de las secuelas que la investigación periodística mundial “Pandora Paper” pueda tener para el Presidente de la República, Sebastián Piñera, acechado por el presunto delito de cohecho y soborno, entre otras variables de probables ilícitos tributarios, sin considerar aspectos éticos, morales y de honra para la Nación.
Ante la propia incredulidad de parlamentarios oficialistas, respecto a las palabras del Mandatario, que alega inocencia y se aferra a la opción que el caso fue resuelto y quedó claro en una cuestionada investigación anterior (se acusa negligencia del ex fiscal persecutor), parte de sus pares políticos en el Congreso exigen mayor claridad y explicaciones concretas del Presidente, en tanto, su defensa pública de estos días, parece apresurada y fuera del contexto real de la revelación de Pandora Papers, ya que en ella se presentan elementos, como un millonario pago a la familia presidencial en el caso Dominga, relacionada directamente a la aprobación de este proyecto por parte del Ejecutivo, en el clave punto del acuerdo relacionado al aspecto medioambiental.
Es más, El Ministerio Público, no esperó la presentación de querellas, sino que de oficio decidió investigar al Presidente por presunto cohecho y soborno, mientras que prepara oficios para el Servicio de Impuesto Internos y el propio Consejo de Defensa del Estado, una situación sin precedentes en la historia de Chile, en las que cuatro instancias se vean obligadas a perseguir penal o administrativamente a un presidente de la República.
A ello se suma la acusación Constitucional que será presentada la semana entrante, también por la elocuencia de los hechos, la oposición patrocinante omitió la creación de una comisión investigadora, como sería habitual e ir directo a su presentación para iniciar el juicio político, lo que llevaría, de ser aprobada, a su votación en medio de las elecciones de noviembre.
La derecha dura del país, intenta de diferente manera, bajarle el perfil a esta situación y aliarse, en algunos casos de manera muy tibia con la versión presidencial. Así por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, intenta desviar la atención de la opinión pública, situando la posible Acusación Constitucional en un hecho más bien político-electoral, propiciado interesadamente por la oposición.
En recientes declaraciones, dijo que le parece más bien “lo más cercano a un golpe blanco y un atentado flagrante contra la democracia a tan pocas semanas de configurarse la primera vuelta presidencial. Me parece que quienes lo están haciendo están mirando también su propia elección, generando una tensión política absolutamente innecesaria”.
Cabe hacer presente que la propia Fiscalía, ha señalado categóricamente que la investigación ordenada no tiene ninguna relación con las próximas elecciones o algún matiz político. Hoy es un hecho judicial y lo que ocurra en el Congreso, es un juicio político, mientras que el nivel penal en claramente otro escenario.
El Congreso podría destituir al Presidente, la Justicia condenarlo.
“Generarle ese ataque al Presidente de la República estando en pleno proceso de cambio de mando, solamente afecta al país, genera un daño a Chile y parlamentarios que estén dispuestos con el fin de tener una pequeña ganancia política, me parece que no tienen la suficiente altura de miras para entender la gravedad”, agregó Macaya.
Lo que Macaya, líder del principal partido político que férreamente adhiere al Gobierno de Piñera, no parece entender, se estima, que el tema que tensiona e inquieta al país, no es meramente electoral, lo que atendidos los actuales escenarios planteados, es absolutamente secundario. Macaya parece no haberse percatado que, aunque sea de oficio, se inició una investigación penal; que está en discusión un delito, que el caso Dominga y su implicancia presidencial es un tema nacional grave, con impacto a nivel mundial.
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