Pese a que la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, había confirmado a mediados de mes la disposición del Ejecutivo “para que las indicaciones (al proyecto de ley de Usurpaciones) ingresen antes del receso legislativo”, dichas observaciones no fueron presentadas por el Gobierno.
Lo anterior se suma al compromiso de la ministra SEGPRES, Ana Lya Uriarte, y de Interior, Carolina Tohá, por presentar dichas indicaciones e iniciar la tramitación de la ley el lunes 9 de enero – lo que no se cumplió – y luego el lunes 16, lo que tampoco llegó al Congreso, pese a que el documento con las modificaciones legales se encontraba listo para la firma del Presidente Gabriel Boric y la misma ministra Tohá.
Ante esto, desde el gremio agrícola de Malleco manifestaron su molestia y preocupación por los reiterados plazos autoimpuestos e incumplidos por el Gobierno, pese al compromiso presidencial y al acuerdo del oficialismo y la oposición para avanzar cuanto antes en la legislación que endurece las penas a quienes se tomen un predio particular.
El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, lamentó “que por tercera vez el Gobierno no presente las indicaciones acordadas al proyecto de usurpación”. Además, el dirigente del agro agregó que es preocupante que la ministra Tohá “hable de un acuerdo de seguridad pública y no contemple las usurpaciones o lo que pasa en el sur de Chile. Este es claro ejemplo de que el Gobierno está desconectado con la realidad de las cosas que pasan día a día en el sur del país”, afirmó, y emplazó al Ejecutivo a que “ingrese las indicaciones al Senado para comenzar la tramitación y la discusión del proyecto (de ley) que aumenta las penas a quienes se tomen los predios donde producimos alimentos”
Naveillán recordó lo afirmado por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien afirmó que la usurpación es el comienzo de muchos otros delitos que se producen en la región y llamó al Ejecutivo a evitar presiones de senadores oficialistas respecto de la iniciativa legal y que estas lleven al Gobierno “a no trabajar por el bien de la región y del país”.
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